En el debate sobre la educación superior se han presentado falsos dilemas y argumentos flojos. Ahora hay que decidir si la calidad académica depende de la competencia en el mercado o de que la academia puedaatreverse a pensar por sí misma. Está en juego la mayoría de edad de la sociedad colombiana: usufructo privado versus usufructo público del conocimiento.
Autonomía según la ley 30
La autonomía universitaria, como tema de análisis, nos ubica directamente en la relación entre universidad pública y Estado. Como principio consagrado en la Constitución, se establece que la comunidad académica, sin la interferencia de otros estamentos, designa sus autoridades, crea, organiza y desarrolla sus programas académicos, define los criterios y estándares de formación a partir de los cuales se otorgan los títulos profesionales, define y organiza sus labores formativas, docentes, científicas y culturales, y establece, arbitra y aplica sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
En fin, se trata de un principio que establece la autorregulación de la universidad pública. Esta es una primera forma que permite entender la relación entre universidad pública y autonomía, en el contexto de la Ley.
Pero hay una segunda forma de entender esta relación. La ley no sólo consagra la autonomía como una condición de funcionamiento de la universidad pública, sino que la consagra como un objetivo en la formación de los educandos. El artículo 4 dice: "La educación superior despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico".
Así, lo que esperamos de nuestros egresados no es sólo un ejercicio responsable de sus profesiones, sino una actitud autónoma, expresada en la libertad de pensamiento y en una conciencia crítica que les permita fijar sus propias metas y pensar por sí mismos.
Falso dilema
¿Está amenazado el principio de autonomía universitaria en la propuesta de reforma a la ley de educación superior? Desde el punto de vista del gobierno no hay ninguna señal de amenaza. Por el contrario, según la ministra de educación, al permitir que ingresen capitales privados con ánimo de lucro en la oferta de planes de estudio, investigación y extensión, lo que se está buscando es darles recursos a las universidades públicas para que sean más competitivas.
Para el gobierno es evidente que, en la actualidad, el Estado tiene limitaciones y en el futuro no podrá asumir el compromiso financiero que tiene con la educación superior. Por ello asume que su responsabilidad es ofrecer una fórmula de financiamiento que garantice la sostenibilidad de una cobertura con calidad.
Sin embargo, desde el punto de vista de los detractores de la propuesta, abrir las puertas de la universidad a los capitales privados con ánimo de lucro, va a surtir el efecto, a mediano o corto plazo, de convertir el presupuesto de la universidad pública en una responsabilidad parcial del Estado. Desde su punto de vista, el Estado debe asumir totalmente la responsabilidad financiera de la universidad pública, de lo contrario la autonomía universitaria se pone en riesgo.
Así, lo que enfrentamos es un dilema en el que tendríamos que escoger aparentemente entre, de un lado, una universidad pública fortalecida en lo económico, pero con una capacidad de decisión debilitada por los criterios que gobiernan la inversión privada; y, del otro lado, una universidad fortalecida en su autonomía, pero cuya calidad estaría debilitada por la exigüidad creciente de los recursos que le transfiere el Estado.
Autonomía y mayoría de edad
Los dos conceptos de autonomía consagrados en la ley no son, en última instancia, diferentes. Autorregulación de las instituciones universitarias y libertad de pensamiento del educando son, ambas, formas de un ejercicio autónomo de la razón.
Este atreverse a pensar por sí mismo es exactamente el rasgo distintivo de la autonomía que estableció Kant en su pequeño artículo de 1784, titulado "respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?". De cumplirse el objetivo de la formación para la autonomía, el paso por la universidad convertiría a los estudiantes en ciudadanos ilustrados; pues ser una persona ilustrada es ser una persona autónoma. Y cuando una persona se atreve a pensar por sí misma, abandona la minoría de edad, es decir, la condición de ser dependiente de las decisiones de otro. Así, la autonomía representa para una persona su mayoría de edad.
No voy a preguntarme cuántos de nuestros profesionales son mayores de edad en este sentido. Más bien, me parece apropiado señalar que entender la autonomía como mayoría de edad puede ser útil a la hora de replantear los compromisos del Estado con la universidad pública y que puede sacarnos del dilema anteriormente planteado.
Educación superior, de lo etéreo a lo pueril
En la normativa vigente (ley 30 de 1992), el artículo 1° establece que la educación superior "es un proceso permanente que posibilita (sic) el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral". El proyecto de reforma deroga ese artículo y propone entender la educación superior como "un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado".
Así, la educación superior es entendida, o como un "proceso permanente" relativo al ser humano; o como "un servicio público". Casi podría decirse que la propuesta de reforma quiere cambiar una definición etérea por una pueril.
Lo que quiero destacar es que en ninguno de los casos se entiende la educación como un proyecto de nación. Al entender la autonomía únicamente como una condición para el funcionamiento de las instituciones universitarias y un objetivo para la formación de ciudadanos ilustrados, se pierde de vista la posibilidad de concebir la educación superior como un medio para abandonar la minoría de edad de la Nación.
Tal como los ciudadanos se forman para abandonar la minoría de edad, de la misma manera una nación puede apostarle a la educación superior para atreverse a pensar por sí misma. Y es en su universidad donde una nación puede realizar ese proyecto de autonomía.
Si la universidad es entendida como un centro de producción de la cultura en sus diversas manifestaciones artísticas, científicas y humanísticas, es posible también entenderla como el espacio donde la nación se atreve a pensar y asume la responsabilidad de ser la conciencia crítica de la sociedad.
Usufructo privado vs usufructo público del conocimiento
Una nación que ha adquirido la mayoría de edad es una nación que se conoce a sí misma, que sabe de su historia y, por ello, tiene la capacidad crítica de transformarse. Ese conocimiento, en la medida en que es un ejercicio inagotable de la sociedad, depende de que la educación superior sea entendida como el proyecto de pensar por sí mismos.
Para ello no sólo se necesita una universidad, sino que la universidad sea pública. Es por su naturaleza pública que los beneficios del conocimiento se distribuyen en la sociedad sin discriminación. Es por la naturaleza pública de la universidad que la Nación toda puede usufructuar los productos del conocimiento y así ser más competitiva como sociedad en el contexto mundial.
Pero es, precisamente, por limitarse a entender la educación superior como unservicio público que se cae en la tentación de pensar que el compromiso fundamental del Estado es garantizar la cobertura. ¡Alumbrado público para todos! ¡Agua potable para todos! ¡Salud, vías, servicios para todos!
Pero, ¿qué es lo que queremos que sea "para todos" cuando pensamos en la cobertura de la educación superior? Seguramente no serán los títulos que confiere la universidad, sino los beneficios sociales de ser los agentes de nuestra propia producción artística, científica, humanística y tecnológica.
Lo que quiero señalar con esta breve reflexión es que el problema que enfrentamos no es el de pérdida de la autonomía universitaria como resultado de la relación entre la universidad pública y el sector privado. La presencia del sector privado no debería enfrentarnos a ningún dilema.
El problema que enfrentamos es, a mi juicio, el de un modelo de educación superior entendido a la luz del concepto de competitividad, que convierte a las universidades en entidades prestadoras del servicio público de educación superior y que privatiza la calidad, como dijo el rector Wasserman.
Para superar esos falsos dilemas necesitamos una universidad pública fortalecida en lo económico, inclusive con los aportes del capital privado y con la posibilidad eventual de realizar proyectos productivos de inversión privada, pero con una capacidad de decisión autónoma fortalecida por una política de Estado que entienda la educación superior como un proyecto de nación.
La defensa de la universidad pública es la defensa de un proyecto de Nación autónoma. Es la nación la que necesita ser socialmente competitiva, es decir, más justa, más incluyente, más atenta a la institucionalidad, más ilustrada. Para ello necesita contar con una universidad que se atreva a pensar por sí misma. No una universidad sometida a la competitividad en el mercado de servicios.
Aquí sí hay dos modelos de universidad enfrentados: uno que piensa que la calidad académica depende de la competencia en el mercado, y otro que cree que la calidad depende de que la academia tenga la libertad para atreverse a pensar por sí misma.
Sólo si los recursos necesarios se ponen al servicio de lo público, se puede garantizar el usufructo público de los bienes culturales y tecnológicos que produce la universidad. El país debe entenderlo.
Usufructo privado versus usufructo público del conocimiento, esa es la decisión a la que estamos enfrentados como sociedad. De esa decisión dependerá que la nación pueda aspirar a la mayoría de edad, o que quedemos condenados, no tanto a la privatización de la universidad, sino a mantenernos en la condición propia de la minoría de edad de la que seremos responsables nosotros mismos, como sociedad -parafraseando a Kant.
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