Bitacora

Para la próxima clase esta pendiente realizar en vídeo comentarios sobre la ponencia de la informática jurídica en el ordenamiento Jurídico Colombiano, mirar el link. http://www.ieid.org/congreso/ponencias/Vargas,%20Teresa.pdf

esta clase ha sido divertida, el Profesor nos hablo de sus viajes por Latinoamerica, es una motivación para realizar similares cosas...

1991-2011: Veinte años de la Constitución

1991-2011: Veinte años de la Constitución

POLITICA Y GOBIERNO

Lunes, 16 de Mayo de 2011 01:03

Una Constitución y dos Colombias Hernando Gómez Buendía ¿Para qué ha servido la Constitución? Como un aporte al debate que Razón Pública se propone adelantar en sus próximas entregas, el Director propone una hipótesis controversial: la Carta del 91 encarnó el proyecto de media Colombia en contravía de la otra media. Pero la Carta no modernizó la política, y por eso la lucha entre el "partido" de la constitución y el de la anti-constitución ha seguido marcando la historia de Colombia.  Puertas abiertas No tengo que decir que cada uno de los temas grandes de Colombia pasa por la Constitución y que nuestra revista le dará un amplio espacio a los serios balances o debates que el país necesita después de estos 20 años. Los fundadores, analistas y lectores tendremos por supuesto mucha tela que cortar, pero por hoy arriesgo una primera y muy breve mirada de conjunto: creo que la fuerza -y la debilidad- de la Constitución de 1991 han consistido en encarnar el proyecto de media Colombia -la Colombia que llamaré "de adelante"- en contravía de la otra media, que llamaré "la Colombia de atrás". En un descuido de la clase política Dígase lo que se diga, cada Constitución es hija de quienes la redactan, y la de 1991 fue redactada por personas muy raras. Los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos en un descuido de la clase política, y por eso sus perfiles y valores fueron tan distintos de aquellos que tenían -y han seguido teniendo- nuestros congresistas. Como no había puestos, contratos ni "auxilios" para repartir, como se trataba de simples ideas, los caciques no se hicieron elegir y las maquinarias poco se movieron. Las pruebas del descuido son patentes. En esas votaciones, que Usted y yo creeríamos las más importantes de la historia, la abstención fue de un 70% -en efecto la más alta de la historia. Casi todos los votos fueron "de opinión" o sea, en esencia, del país de adelante. Y los 70 delegatarios elegidos se repartieron exactamente así: -30 de los partidos Liberal y Conservador, casi todos ellos sueltos y alejados de la clase política; -30 de "movimientos" que tenían una marcada carga ideológica, que no venían del centro (como centrista era y seguiría siendo la política en Colombia) y que tal vez por eso no perdurarían: el Movimiento de Salvación Nacional, MSN, con 11 delegados, desde la derecha, y la Alianza Democrática-M19, con 19 delegados de izquierda, y -10 de minorías diversas (indígenas, evangélicos, Unión Patriótica y sin partido) Una composición radicalmente distinta de la que entonces tenía y de la que seguiría teniendo el Congreso. Una Constitución escrita entonces por el pedazo moderno o postmoderno de Colombia, el que se mueve por ideas, o por ideologías, o por identidades -pero no por clientelismo. Una Constitución "para ángeles" como tal vez habría dicho Víctor Hugo, o una, digo yo, del superego, que no refleja y no ha logrado amoldar ni amoldarse a la Colombia profunda y pre-moderna.  El gran acierto No extraña pues que el punto fuerte de la nueva Carta fuera la apuesta por la modernidad y aún por la postmodernidad, la idea clara de un Estado laico y pluralista donde cabemos todos y donde cada uno de nosotros tiene derechos exigibles. Es aquí - y sobre todo a través de la tutela- donde la Constitución más ha cambiado el rostro de Colombia y dónde más nos ha acercado al país que soñamos. Pero también es donde menos se parece a una Constitución y se parece más a un programa político, donde lo deseable pesa más que lo factible y donde, por lo tanto, es más duro el contraste del "país formal" con el país real de exclusión, opresión, intolerancia, violencia, racismo y pobreza que millones y millones de colombianos siguen habitando. Derechos sin recursos Y es porque la gente rara que redactó la Constitución no lo era tanto como para ir a la raíz de nuestro atraso. Se empeñó por supuesto en destronar a la "clase política" pero dejó intactos los demás poderes fácticos. Más aún, en materia económica predominó la línea que suele llamarse "neoliberal", porque el Consenso de Washington estaba en su furor y el gobierno Gaviria aquí se jugó a fondo. De suerte que por un lado se crearon derechos muy costosos -como decir la salud universal- pero por otro lado se afirmó que el mercado debería funcionar con poco Estado y sin tocar la distribución de la riqueza. Desde entonces -y cada día más- hemos vivido entre juristas que con razón decimos que derechos son derechos, y economistas que con razón decimos que el Estado no tiene manera de pagarlos. Sin aumentar en serio la productividad y sin subir de veras la carga tributaria -dos cosas que la Constitución no hizo- era y es imposible satisfacer los derechos de todo el mundo; y el engañoso mecanismo de ajuste han sido las tutelas, que garantizan el derecho universal... de las pocas personas a quienes un juez se las concede. Separación de poderes Pero el papel principal de una Constitución es organizar el ejercicio del poder político, y aquí la de 1991 fue una apuesta inequívoca por la separación o dispersión de poderes. Esta es la clave de la democracia, porque en los últimos dos o tres mil años hemos aprendido que, por buenos que parezcan al principio, los reyes, dictadores o caudillos que concentran el poder acaban mal. El centralismo y el presidencialismo eran las bases de la Constitución de antes. La de 1991 se propuso lo contrario, y para eso dispersó el poder, -creó un montón de nuevos organismos (Fiscalía, Junta del Banco de la República, Comisión Nacional de Televisión, Corte Constitucional, Defensoría, superintendencias, Contaduría...) -y nuevas formas de participación ciudadana (referendos, Consejos Indígenas, revocatoria del mandato, Juntas de Usuarios, consulta previa...), -transfirió plata y poder a las regiones, y -armó un enredo de competencias, transferencias, elecciones cruzadas y contrapesos de distintos tipos. Algunas de estas cosas han funcionado más que otras, y el panorama general ha sido el de un Estado en dispareja construcción, con luces y con sombras, con rifirrafes diarios y con choques de trenes muy ruidosos. El gran vacío Y acá llegamos al punto neurálgico: lo principal de la organización del poder es la manera de acceder al poder. Es en el régimen de elecciones y partidos donde una Constitución deja su verdadera marca, porque de esto depende la continuación o discontinuación del proyecto que encarne. La apuesta de los constituyentes era obvia: romperle el espinazo al clientelismo y al bipartidismo para que terceras fuerzas (el MSN, la AD-M19) y minorías étnicas o religiosas pudieran competir. Por eso el tarjetón, la doble vuelta, el vicepresidente, la circunscripción nacional, los candidatos inscritos con unas cuantas firmas, el juego de cocientes y residuos... y el resultado de un país que años después tendría 67 partidos registrados y uno de los sistemas más fragmentados o aún "el sistema político más personalista del mundo" [1]. La paradoja capital fue esta: que los constituyentes fueron elegidos por un conjunto muy diverso y disperso de movimientos y grupos sociales y políticos; de aquí salieron su aliento refrescante y sus apuestas por un país moderno; pero de aquí también surgió el obstáculo que habría de impedir su necesaria apuesta por los partidos fuertes y modernos. Para bien y para mal, cada Constitución es hija de quienes la redactan. Lo que el país de adelante necesitaba eran partidos modernos pero fuertes, no el reguero de vanidosos, aventureros o delincuentes hechos y derechos que desde entonces han poblado el escenario. Este fue en mi opinión el desacierto mayor de la Asamblea: no entender que el descuido de los políticos había sido apenas momentáneo, que por detrás y alrededor de ellos estaban todos los poderes fácticos, y que regresarían con más voracidad y nuevas mañas. El contragolpe Tanto así que en las elecciones de Congreso en octubre del mismo 1991 barrieron los caciques, y que la primera reforma de la Constitución fue para revivir los "auxilios parlamentarios", como por esos tiempos se llamaba el clientelismo. Desde entonces se le han hecho nada menos que 29 reformas a la Carta -y casi todas a la carta de la clase política y demás poderes fácticos. Sin espacio para entrar en los matices, diría yo que en estos veinte años los presidentes y el Congreso han estado dedicados a resistir o desmontar la Constitución de 1991. Los ocho años de Uribe fueron tan intensos que no exagero al decir que el uribismo es el partido de la anti-constitución. Es el partido mayoritario porque tiene de su lado al país pre-moderno, a los poderes fácticos y a la clase política. El partido de los jueces Del otro lado está el partido de la Constitución, cuya punta de lanza es la Corte Constitucional y cuyo escenario favorito son los tribunales. -Por eso las tutelas. -Por eso los discutidos - y, en rigor, discutibles- mecanismos o figuras que la Corte invoca para co-ejercer otros poderes (sentencias "moduladas" que en efecto equivalen a decretos, o a leyes o incluso a órdenes administrativas; decisiones macroeconómicas por su conexidad con los derechos fundamentales; tutelas contra fallos de otras Cortes; revisión por motivos de fondo de las reformas constitucionales....). -Por eso la judicialización de la política o en efecto, la reducción de la política y del debate político al Código Penal, con las noticias dominadas por la Fiscalía, la Corte Suprema o el Procurador. -Como también, por eso, la politización de la justicia, que es el reverso forzoso de la medalla. La Constitución de 1991 fue el gol más grande que el país de adelante le haya marcado al de atrás en más de un siglo. Hay un partido de la Constitución que sigue haciendo goles o cuando menos tiros al arco. Pero sus delanteros no deberían ser los jueces sino los ciudadanos organizados en partidos políticos modernos. * El perfil del autor lo encuentra en este link.

Opinión |29 Mayo 2011 - 1:00 am

Veinte años

Por: William Ospina

CUARENTA Y CUATRO AÑOS DE HE-gemonía conservadora (1886-1930), seguidos por dieciséis años de república liberal (1930-1946), produjeron en Colombia los doce años de la guerra civil no declarada que se llamó la Violencia (1946-1958).

Es decir, la pretensión de los dirigentes conservadores, y de su alianza nefasta clerical y terrateniente, de ser los únicos dueños del destino de Colombia, contrariada por la pretensión de los gobiernos liberales de administrar el país con otra visión, produjo un enfrentamiento civil mucho más prolongado que la Guerra Civil Española.

Ese abrazo de sangre de los dos partidos tuvo una consecuencia más grave que los trescientos mil muertos de la Violencia: un pacto antidemocrático, el Frente Nacional, entre las dos fuerzas que habían ensangrentado al país, que cerró las puertas durante veinte años más (1958-1978) a toda iniciativa política distinta.

En resumen, cuarenta y cuatro años azules, más dieciséis años rojos, más doce años de violencia roja y azul, más veinte años de maridaje entre los dos colores suman noventa y dos años de bipartidismo violento, excluyente e irresponsable. En 1982, al cabo de esa escandalosa orgía antidemocrática, Colombia era un caldero de violencias cruzadas.

En muchas partes del mundo la llegada de la modernidad industrial arrojó violentamente a los campesinos a las ciudades para convertirlos en obreros de la industria naciente. En Colombia, algunos campesinos expulsados que se negaron a dejarse arrinconar en las barriadas urbanas descubrieron que había medio país desdeñado por los poderes políticos y se lanzaron a la guerra de guerrillas desde el comienzo mismo del pacto bipartidista. Sucesivamente otros sectores sociales minoritarios formaron sus propios ejércitos insurgentes y un sector de las clases medias, exasperado por el robo de las elecciones de 1970, formó el M-19, la guerrilla que más conmocionó al país en la década de los ochenta. Ésta se desmovilizó en el año 90, e hizo bien, porque es muy difícil que después de diez años de acción armada las guerrillas no se hundan en la mera criminalidad.

Pero la consecuencia más nefasta del bipartidismo no fue siquiera su proclividad a la exclusión política, sino su capacidad de exclusión económica, el cierre de las oportunidades de iniciativa incluso para las clases medias. En un país de privilegios y de influencias, donde los caminos legales eran el último recurso de los ciudadanos, donde la ilegalidad era casi un recurso de supervivencia, la exclusión económica precipitó a algunos sectores emprendedores de las clases medias al contrabando y al tráfico de drogas, y propició la formación de una gran multinacional de la droga y del crimen que desde entonces fue el motor y el combustible de todas las guerras, degradando a todos los bandos en pugna.

A partir de comienzos de los años ochenta Colombia era ingobernable: en la campaña electoral de finales de esa década, cuatro candidatos a la Presidencia fueron asesinados y en las ciudades las bombas de los narcotraficantes desvelaban a los despiertos y despertaban a los dormidos.

Sin duda es posible examinar las virtudes de la Constitución del 86, que gobernó a Colombia durante 105 años. Pero por las cuentas que acabo de repasar habría que decir que le debemos muchas más lágrimas que risas, y no fue su menor mancha el que quienes estaban encargados de respetarla y de hacerla respetar cancelaban su vigencia cada vez que una mecha se prendía. La lógica es implacable y cuando una constitución tiene que congelarse al menor problema, termina en el congelador y el congelador arrastrado por la avalancha.

Todo lo tenían tan trancado, que para convocar a la Constituyente del 91 hubo que violar la ley; pero ello fue como cuando hay que violar una cerradura para salvar a una doncella encerrada: nadie podría deplorarlo.

Allí comienza la tarea más difícil: discutir las virtudes y los defectos de la actual Constitución, que está cumpliendo veinte años: veinte años en que ni mucho menos podemos decir que el país haya resuelto sus problemas. A lo sumo diremos que nos ha permitido sobreaguar en estos años como una balsa de náufragos.

Dos análisis importantes acaban de aparecer sobre la Constitución del 91, el de Jorge Orlando Melo “Éxitos y debilidades de la Constitución del 91” y el de Hernando Gómez Buendía “Veinte años de la Constitución”, ambos publicados por la revista digital razonpublica.com, pero es de esperar que el debate sea cada vez más amplio y numeroso.

Sin duda los cambios que el país requiere exigirán nuevos cambios en la Constitución, y habrá quien diga que no se puede cambiar una carta porque apenas tiene veinte años, como hubo quien dijera que no se podía cambiar una porque ya había cumplido un siglo. Pero la pregunta central es qué tanto esa Constitución nos está ayudando a vivir en un país mejor.

Los Baby Teacher: Hijos del Neoliberalismo

Los Baby Teacher: Hijos del Neoliberalismo

Por Carlos Fajardo Fajardo*

Hijos del neoliberalismo –en realidad neoconservadores- han sido educados para obedecer, aceptar y aplicar las ordenanzas de un capitalismo mordaz. Alabar y no rechazar son sus slogans. Con tales actitudes aspiran a fortalecer los regímenes antes que a mostrar sus debilidades. Son los nuevos técnicos del pensamiento. Alfabetizados en las tecnologías, han hecho de éstas un tótem supremo desde las cuales creen conocer en profundidad el mundo, la realidad del mismo. Despolitizados, des-socializados, individualistas y tecnócratas, se estremecen ante la palabra confrontación. Seguidores del pensamiento utensiliar, son monaguillos que vuelven culto los reglamentos autoritarios de la educación. Son los baby teacher de las universidades: eficaces, eficientes, autómatas bilingües, “todo terreno”, choferes de las tecnologías. Gestionan sin queja la dictadura normativa de las llamadas investigaciones universitarias. Hijos del neoliberalismo, baby teacher de las instituciones.

En Colombia, existen grandes laboratorios que los producen en serie y se reproducen exponencialmente. Todos han egresado de universidades que les tocó sufrir el azote de la Ley 30, la cual no sólo impulsó una agresiva privatización, sino que las ahogó en su misma sustancia al obligarlas a llevar un plan acelerado de acreditación acorde a las exigencias del mercado global. Como consecuencia, se desmontaron currículos, se ajustaron los planes de estudio a nefastos objetivos y se desterró todo proyecto de una pedagogía crítica y renovadora. 

En varios aspectos, los discursos doctrinales, religiosos, moralistas y políticos de esta primera década del siglo XXI, se asemejan a los de la llamada Regeneración de la República Conservadora impuesta en el país desde 1880 hasta 1930: servidumbre hacendaria y partidista, maniqueísmos religiosos y morales, conservadurismo, ideología imperial y papal, controles a la educación, censura camuflada, obstáculos a la modernidad crítico-creativa, centralismo intelectual, rechazo a la autonomía del intelectual disidente.

Todas las pocas conquistas de autonomía universitaria, docente, estudiantil, e intelectual lograda en los años sesenta hasta mediados de los ochenta, fueron diluyéndose y cambiándose por una adaptación servicial e integrada al “nuevo orden global”. La consolidación de la economía de mercado, del poder de los medios masivos de comunicación, de las tecnologías digitales, la urbanización e inmigración masiva, la privatización en serie y en serio, la banalización de la cultura, son algunos contextos sobre los cuales se desarrolló y se llevó a cabo el pensamiento neo-conservador de última hora. Como consecuencias observamos el paso de los intelectuales críticos a los baby teacher “todo terreno”, adaptados al son que les toquen.

Desde aproximadamente 1990 un cambio radical ha impactado en las estructuras universitarias. Todos sus estamentos han sido lentamente transformados. El neoliberalismo atrapó las libertades colectivas e individuales que todavía eran posibles en las instituciones tanto públicas como privadas. Así, los profesores, estudiantes e intelectuales entraron a un espacio de mayor control. Se impuso un lenguaje administrativo y ecónomo. Con ello se pasó de una activa reflexión a la sumisión de la gestión. Entonces, conceptos tales como, eficiencia, eficacia, competitividad, flexibilización, administración e insumos, entraron a formar parte del lenguaje en los ámbitos educativos. Como resultado tenemos un nuevo tipo de intelectual: el docente eficiente con lenguaje ecónomo. El denominado “relevo generacional”, es decir, jóvenes profesores que reemplazan a los viejos intelectuales de vanguardia crítica, y el nombramiento de economistas y de administradores en los mandos medios de dirección académica, garantizan las reformas curriculares acorde con las demandas neoliberales. Golpe bajo al trabajo crítico y humanista; ganancia para el trabajo administrativo. Burócratas contra intelectuales.

De manera que la Universidad se adapta a las exigencias del mercado edificando el llamado por algunos teóricos “capitalismo académico”: una “Universidad emprendedora”, lo que quiere decir subordinada a la mercantilización de sus componentes. El “capitalismo académico”, el cual ha sido impuesto como política central por los países de élite, asume la educación como industria, fábrica, como businnes university. La Universidad queda reducida a un bazar de servicios educativos y de bienes simbólicos y culturales, con clientes y accionistas (los estudiantes), con obreros y asalariados (los profesores), con productos (los resultados de las investigaciones, los saberes y conocimientos) y gerentes ecónomos, administradores (directivas). En este bazar universitario a los logros académicos de los profesores se les evalúa o controla de forma cuantitativa, es decir, por la cantidad de productos de investigación, de publicaciones, de cátedras, de participación en eventos. Al profesorado se le trata como a un insumo, un objeto consumible y consumidor. Las lógicas de la comercialización de la eficacia y de las competencias de rentabilidad dominan el territorio.

¿Dónde la autonomía crítica del docente intelectual? Los baby teacherdan la respuesta: son cosas del pasado dicen; peticiones de una historia muerta, enterrada. En su lenguaje dan un no a la memoria y un sí al “ahorismo” consumible, adaptado. La instrucción y formación de docentes que hacen de la tecnocracia algo plenipotenciario, o bien que asumen la modernización tecnológica, impuesta desde arriba, con preocupante ingenuidad, es una de las más grandes heridas en el corazón de la academia. Ante la reflexión se propone la gestión; frente al debate político y cultural se irrumpe con una relajación pragmática; contra una actitud de confrontación y diferencia, se establece una postura de adaptación, aceptación y confort académico. Es la “mercadización” de lo social, de lo educativo, donde triunfan las dinámicas de lo administrativo, del “gerencialismo”. De esta forma, la paranoia, la autocensura y el conformismo se reivindican en estos escenarios empresariales de hipervigilancia y control competitivo.

El ascenso del pensamiento neoconservador y de la globalización económica neoliberal ha contribuido a crear este tipo de docente universitario adaptado y adaptable. De modo que al joven docente le han otorgado un papel de legitimador político, cultural y moral de los regímenes hegemónicos. Atrás quedaron los tiempos del intelectual disidente, las posiciones libertarias. ¡Oh baby teacher, bienvenidos al futuro!

*Poeta, ensayista y catedrático colombiano

La educación superior, un proyecto de nación

La educación superior, un proyecto de nación William Duica*

POLITICA Y GOBIERNO

Lunes, 11 de Abril de 2011 02:58

En el debate sobre la educación superior se han presentado falsos dilemas y argumentos flojos. Ahora hay que decidir si la calidad académica depende de la competencia en el mercado o de que la academia puedaatreverse a pensar por sí misma. Está en juego la mayoría de edad de la sociedad colombiana: usufructo privado versus usufructo público del conocimiento. Autonomía según la ley 30  La autonomía universitaria, como tema de análisis, nos ubica directamente en la relación entre universidad pública y Estado. Como principio consagrado en la Constitución, se establece que la comunidad académica, sin la interferencia de otros estamentos, designa sus autoridades, crea, organiza y desarrolla sus programas académicos, define los criterios y estándares de formación a partir de los cuales se otorgan los títulos profesionales, define y organiza sus labores formativas, docentes, científicas y culturales, y establece, arbitra y aplica sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.  En fin, se trata de un principio que establece la autorregulación de la universidad pública. Esta es una primera forma que permite entender la relación entre universidad pública y autonomía, en el contexto de la Ley.  Pero hay una segunda forma de entender esta relación. La ley no sólo consagra la autonomía como una condición de funcionamiento de la universidad pública, sino que la consagra como un objetivo en la formación de los educandos. El artículo 4 dice: "La educación superior despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico".  Así, lo que esperamos de nuestros egresados no es sólo un ejercicio responsable de sus profesiones, sino una actitud autónoma, expresada en la libertad de pensamiento y en una conciencia crítica que les permita fijar sus propias metas y pensar por sí mismos.  Falso dilema  ¿Está amenazado el principio de autonomía universitaria en la propuesta de reforma a la ley de educación superior? Desde el punto de vista del gobierno no hay ninguna señal de amenaza. Por el contrario, según la ministra de educación, al permitir que ingresen capitales privados con ánimo de lucro en la oferta de planes de estudio, investigación y extensión, lo que se está buscando es darles recursos a las universidades públicas para que sean más competitivas.  Para el gobierno es evidente que, en la actualidad, el Estado tiene limitaciones y en el futuro no podrá asumir el compromiso financiero que tiene con la educación superior. Por ello asume que su responsabilidad es ofrecer una fórmula de financiamiento que garantice la sostenibilidad de una cobertura con calidad.  Sin embargo, desde el punto de vista de los detractores de la propuesta, abrir las puertas de la universidad a los capitales privados con ánimo de lucro, va a surtir el efecto, a mediano o corto plazo, de convertir el presupuesto de la universidad pública en una responsabilidad parcial del Estado. Desde su punto de vista, el Estado debe asumir totalmente la responsabilidad financiera de la universidad pública, de lo contrario la autonomía universitaria se pone en riesgo.  Así, lo que enfrentamos es un dilema en el que tendríamos que escoger aparentemente entre, de un lado, una universidad pública fortalecida en lo económico, pero con una capacidad de decisión debilitada por los criterios que gobiernan la inversión privada; y, del otro lado, una universidad fortalecida en su autonomía, pero cuya calidad estaría debilitada por la exigüidad creciente de los recursos que le transfiere el Estado.  Autonomía y mayoría de edad  Los dos conceptos de autonomía consagrados en la ley no son, en última instancia, diferentes. Autorregulación de las instituciones universitarias y libertad de pensamiento del educando son, ambas, formas de un ejercicio autónomo de la razón.  Este atreverse a pensar por sí mismo es exactamente el rasgo distintivo de la autonomía que estableció Kant en su pequeño artículo de 1784, titulado "respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?". De cumplirse el objetivo de la formación para la autonomía, el paso por la universidad convertiría a los estudiantes en ciudadanos ilustrados; pues ser una persona ilustrada es ser una persona autónoma. Y cuando una persona se atreve a pensar por sí misma, abandona la minoría de edad, es decir, la condición de ser dependiente de las decisiones de otro. Así, la autonomía representa para una persona su mayoría de edad.  No voy a preguntarme cuántos de nuestros profesionales son mayores de edad en este sentido. Más bien, me parece apropiado señalar que entender la autonomía como mayoría de edad puede ser útil a la hora de replantear los compromisos del Estado con la universidad pública y que puede sacarnos del dilema anteriormente planteado.  Educación superior, de lo etéreo a lo pueril  En la normativa vigente (ley 30 de 1992), el artículo 1° establece que la educación superior "es un proceso permanente que posibilita (sic) el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral". El proyecto de reforma deroga ese artículo y propone entender la educación superior como "un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado".  Así, la educación superior es entendida, o como un "proceso permanente" relativo al ser humano; o como "un servicio público". Casi podría decirse que la propuesta de reforma quiere cambiar una definición etérea por una pueril.  Lo que quiero destacar es que en ninguno de los casos se entiende la educación como un proyecto de nación. Al entender la autonomía únicamente como una condición para el funcionamiento de las instituciones universitarias y un objetivo para la formación de ciudadanos ilustrados, se pierde de vista la posibilidad de concebir la educación superior como un medio para abandonar la minoría de edad de la Nación.  Tal como los ciudadanos se forman para abandonar la minoría de edad, de la misma manera una nación puede apostarle a la educación superior para atreverse a pensar por sí misma. Y es en su universidad donde una nación puede realizar ese proyecto de autonomía.  Si la universidad es entendida como un centro de producción de la cultura en sus diversas manifestaciones artísticas, científicas y humanísticas, es posible también entenderla como el espacio donde la nación se atreve a pensar y asume la responsabilidad de ser la conciencia crítica de la sociedad.  Usufructo privado vs usufructo público del conocimiento  Una nación que ha adquirido la mayoría de edad es una nación que se conoce a sí misma, que sabe de su historia y, por ello, tiene la capacidad crítica de transformarse. Ese conocimiento, en la medida en que es un ejercicio inagotable de la sociedad, depende de que la educación superior sea entendida como el proyecto de pensar por sí mismos.  Para ello no sólo se necesita una universidad, sino que la universidad sea pública. Es por su naturaleza pública que los beneficios del conocimiento se distribuyen en la sociedad sin discriminación. Es por la naturaleza pública de la universidad que la Nación toda puede usufructuar los productos del conocimiento y así ser más competitiva como sociedad en el contexto mundial.  Pero es, precisamente, por limitarse a entender la educación superior como unservicio público que se cae en la tentación de pensar que el compromiso fundamental del Estado es garantizar la cobertura. ¡Alumbrado público para todos! ¡Agua potable para todos! ¡Salud, vías, servicios para todos!  Pero, ¿qué es lo que queremos que sea "para todos" cuando pensamos en la cobertura de la educación superior? Seguramente no serán los títulos que confiere la universidad, sino los beneficios sociales de ser los agentes de nuestra propia producción artística, científica, humanística y tecnológica.  Lo que quiero señalar con esta breve reflexión es que el problema que enfrentamos no es el de pérdida de la autonomía universitaria como resultado de la relación entre la universidad pública y el sector privado. La presencia del sector privado no debería enfrentarnos a ningún dilema.  El problema que enfrentamos es, a mi juicio, el de un modelo de educación superior entendido a la luz del concepto de competitividad, que convierte a las universidades en entidades prestadoras del servicio público de educación superior y que privatiza la calidad, como dijo el rector Wasserman.  Para superar esos falsos dilemas necesitamos una universidad pública fortalecida en lo económico, inclusive con los aportes del capital privado y con la posibilidad eventual de realizar proyectos productivos de inversión privada, pero con una capacidad de decisión autónoma fortalecida por una política de Estado que entienda la educación superior como un proyecto de nación.  La defensa de la universidad pública es la defensa de un proyecto de Nación autónoma. Es la nación la que necesita ser socialmente competitiva, es decir, más justa, más incluyente, más atenta a la institucionalidad, más ilustrada. Para ello necesita contar con una universidad que se atreva a pensar por sí misma. No una universidad sometida a la competitividad en el mercado de servicios.  Aquí sí hay dos modelos de universidad enfrentados: uno que piensa que la calidad académica depende de la competencia en el mercado, y otro que cree que la calidad depende de que la academia tenga la libertad para atreverse a pensar por sí misma.  Sólo si los recursos necesarios se ponen al servicio de lo público, se puede garantizar el usufructo público de los bienes culturales y tecnológicos que produce la universidad. El país debe entenderlo.  Usufructo privado versus usufructo público del conocimiento, esa es la decisión a la que estamos enfrentados como sociedad. De esa decisión dependerá que la nación pueda aspirar a la mayoría de edad, o que quedemos condenados, no tanto a la privatización de la universidad, sino a mantenernos en la condición propia de la minoría de edad de la que seremos responsables nosotros mismos, como sociedad -parafraseando a Kant.

Opinión |10 Abr 2011 - 1:00 am

La vuelta del bobo

Por: Alfredo Molano Bravo

CONSIDERADA EN FRÍO, IMPARCIALmente, después de casi una década de guerra sin cuartel, la Seguridad Democrática ha sido un fracaso.

Quizá calculado, para seguir tirando la cuerda y sostener el conflicto en términos en que ni se desborda ni se termina. Basta mirar titulares de los últimos días. Las Farc y el Eln sostienen una brutal ofensiva en Arauca después de que los gobiernos habían dado por arrinconadas a estas fuerzas; en Cauca, la guerra parecería de posiciones: las Farc atacan, retroceden, vuelven a la ofensiva sin que nada se pueda definir, salvo una presión constante; en Putumayo, los atentados, los ataques a las Fuerzas Armadas son permanentes y tienen lugar en los mismos sitios en donde desde hace años se han dado; en Huila, como se ha visto, los golpes se dan en la capital misma y son sistemáticos y brutales; en Guaviare, las guerrillas andan en puertos y caseríos sin mayores atafagos; en Nariño, se juega al gato y al ratón, y lo mismo vi, con mis ojos, en el Pacífico. Me parece que si se traza una línea ideal –como alguna vez lo escribí– entre Cúcuta y Buenaventura, en el suroriente del país los enfrentamientos entre las guerrillas y la Fuerza Pública son cada día más frecuentes. Al norte de esa línea ideal, los paramilitares continúan siendo una poderosa fuerza, llamada ahora Bacrim.

El monopolio del aire le ha permitido al Gobierno golpes contundentes que ha usado en su favor. Las muertes de Reyes, Jojoy, Caballero y Acacio han afectado seriamente la imagen de que la alta comandancia era invulnerable. Bombardeos precisos y espectaculares. Pero bombardear una guerrilla no es asegurar una zona. Más en la medida en que la respuesta de la guerrilla ha sido minar territorios y corredores estratégicos que dificultan los movimientos del Ejército. Sin duda, bombas, inteligencia, recompensas, armas modernas y mayor preparación de una tropa mejor pagada, por supuesto, han dado un resultado visible: ya no hay retenes en las carreteras principales, ni toma de pueblos ni despliegues ofensivos. El Gobierno lo toma como una victoria cuando quizá no sea más que un cambio de estrategia obligado de la guerrilla ante realidades inocultables. No parece, por tanto, que las guerrillas estén arrinconadas. Las Farc afirman que en 2010 tuvieron unas 2.200 acciones militares; el comandante general de las FF.AA., Édgar Cely, afirmó que las Farc cuentan con 18.000 integrantes: 9.000 combatientes armados y 9.000 milicianos. Ante un ejército de 400.000 hombres bien armados, la subversión ha regresado a la guerra de guerrillas clásica.
Por el otro lado, la cosa es igual o más grave. Según las cifras oficiales, durante el mandato de Uribe se entregaron 32.000 paramilitares, pero, como se ha venido sabiendo, unos 15.000 fueron reclutados ad hoc para que entregaran unas armas que salieron de quién sabe dónde. Es muy posible que las estructuras militares fuertes no se hayan desmantelado, sino que continúen bajo otras denominaciones –Rastrojos, Águilas Negras, Urabeños, Confederados– como antes operaban con los nombres Héroes de Tolová, de Granada, Cacique Nutibara, Bloque Central Bolívar. Los paramilitares continúan en las mismas regiones y haciendo el mismo oficio: traficando cocaína, vendiendo seguridad en zonas rurales y áreas de minería concesionada, y contribuyendo al aseguramiento militar de algunos territorios. Lo nuevo es el control urbano que han adquirido en la mayoría de ciudades y pueblos mediante la extorsión al menudeo. Un fenómeno del que apenas se comienza a hablar. Pagan “seguridad” los pequeños y medianos negocios, transportadores, distribuidores, o simples residentes de un barrio. La Corporación Democracia, que devino en la siniestra Oficina de Envigado, tenía bajo su mando 4.500 desmovilizados trabajando en cobros, extorsiones, ejecuciones, desapariciones. La Policía Nacional acepta la existencia de 3.500 miembros de estos grupos en armas actuando en 150 municipios. La Silla Vacía habla de 6.000 en 300 municipios.

Al final de cuentas hay que concluir que se dio la vuelta del bobo. El ministro de Hacienda declaró que entre 1980 y 2005 se gastaron, a precios de hoy, 140 billones de pesos, o sea 73.000 millones de dólares. Más o menos el presupuesto nacional de hoy. No encontré las cifras de esta fecha a 2008, pero en 2009 se gastaron 10.055 millones de dólares y en 2010 se gastaron 11.057 millones de dólares. En las tres últimas décadas, unos 120.000 millones de dólares. ¡Es lo que se llama equilibrio fiscal! ¿A quién beneficia este enorme sacrificio económico que hacemos? A los vendedores de armas, de botas, de raciones de campaña y, por supuesto, a los militares que, bien vistas las cosas, lo que saben hacer es administrar el conflicto armado. ¿Cuánto dinero del presupuesto militar es necesario y cuánto gastado en privilegios estamentales? Si a los militares condenados por asesinato que están en la cárcel de Tolemaida se les da el trato que la revista Semana denunció, ¿qué no se les dará a los demás uniformados?

Ramas de la informática jurídica

una importante presentación de la evolución de la Informática Jurídica. cuando un tema de conocimiento se profundiza tiende a sistematizarse buscando resolver problemas cada vez mas particulares, he aquí tres ramas que actúan autonomamente pero con una relación de interdisciplinariedad esencial.

Ramas de la informática jurídica

View more presentations from akmunozo.

Remando contra la corriente

Written by Harrinson Eduardo Castañeda Montero

Saturday, 12 March 2011 19:52

Los pescadores artesanales del Centro del Huila están en la incertidumbre desde que el Gobierno Nacional otorgó la licencia ambiental a la multinacional Emgesa-Endesa para construir otra central hidroeléctrica represando Río Magdalena. Video documental de Harrinson Eduardo Castañeda Montero.

El indefenso Por Daniel Coronell

Inicio / Opinión1 de 5


El indefenso
Por Daniel Coronell
Sábado 12 Marzo 2011

OPINIÓNLos contribuyentes y miles  militares que autorizan descontar un porcentaje de su sueldo vienen pagando la defensa del presunto asesino de niños y confeso violador

.

• 
• ¿Recibes giros del exterior?
  Recomienda Xoom.com a tu familiar.
  Ellos pagan solo US$4.99.
  www.xoom.com/colombia
• SIKA Construcciones Sostenibles
  Cubiertas verdes amigables con el
  medio ambiente, certificación LEED
  www.sika.com.co
• Ofertas en Dell Vostro 3400 y 3500
  Vostro 3400 con disco duro de 500GB
  Ahorre $100.000 en la Vostro 3400
  dell.com.co/pymes
• ¿Va a Registras su Marca?
  Busque asesoria integral para su
  empresa. Info. *Aquí*
  Provimarcas.com.co

Con tretas jurídicas están intentando que el subteniente Raúl Muñoz quede en libertad. Muñoz está imputado de la violación de dos niñas y del asesinato de una de ellas y de sus dos hermanitos. Los hechos sucedieron el año pasado en una vereda de Tame, Arauca. Los cargos de la Fiscalía señalan que el oficial del Ejército llegó hasta la casa campesina en la que vivían los niños y cometió el horrendo crimen.

Él no ha admitido el homicidio de los niños de 14, 9 y 6 años. En cambio, ha dicho que sí "tuvo relaciones" con la niña, pero alega que fue con su consentimiento. Lo mismo asegura de otra menor de la zona que denunció que también fue violada por el uniformado.

El Código Penal establece que no existe la figura del consentimiento cuando hay sexo entre un adulto y un niño. No puede haberlo, menos aún cuando el adulto ostenta autoridad.

Ninguno de estos hechos puede ser considerado un acto del servicio, sin embargo, la representación judicial del subteniente ha estado a cargo de la Defensoría Militar Integral (Demil), una entidad de cuya junta directiva hacen parte oficiales activos.

En los estatutos de Demil consta que en su junta estarán el jefe del Estado Mayor, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales.

(Ver certificado)

La Defensoría Militar Integral Demil, según un concepto oficial, es una entidad de carácter privado. (Ver concepto). Sin embargo, funciona en instalaciones oficiales. En Bogotá tiene oficinas en una edificación militar, la Escuela de Ingenieros, en la zona conocida popularmente como el Batallón Baraya. (Ver documento)

La curiosa simbiosis de esa 'entidad privada' con el Ejército ha llegado tan lejos que -por ejemplo- en los planos oficiales para la construcción de los juzgados penales militares de la Brigada 17 quedó establecido que una parte de la instalación será para Demil. (Ver plano)

Esto quiere decir, ni más ni menos, que con plata pública se financia parcialmente a esa entidad privada. Otros fondos de Demil vienen de los sueldos de los militares afiliados que firman una autorización para que les descuenten, 'por nómina', el 0,95 de su salario. (Ver  formulario)

De ese mismo formulario hace parte una especie de contrato que determina las condiciones bajo las cuales Demil prestará el servicio de asistencia jurídica a un militar.

El documento excluye expresamente los "delitos sexuales". (Ver exclusiones)

A pesar de todo, la representación judicial del subteniente Raúl Muñoz ha estado a cargo de los abogados de Demil. Es decir, la defensa del presunto asesino de niños, y confeso violador, la vienen pagando los contribuyentes y miles de militares que autorizan el descuento de un porcentaje de su sueldo.

Esto por sí solo sería suficientemente grave, pero, además, la defensa de Muñoz ha usado como táctica la dilación buscando que salga a la calle por vencimiento de términos.

Desde su captura, en noviembre del año pasado, el subteniente Muñoz ha tenido cuatro abogados. Cuatro defensores en cinco meses. Cada vez que un nuevo apoderado se hace cargo del caso, el proceso sufre demoras por la supuesta necesidad de conocer los detalles.

Una de las últimas defensoras se llama Paola Milena Pinzón Padilla. Una joven abogada que en su Facebook cuenta su vinculación con Demil. En uno de los documentos del proceso, la doctora Pinzón dejó como dirección de notificación la del Batallón de Ingenieros XVIII de Tame, Arauca. Como suplente inscribió a la abogada Patricia Lucía Díaz.

El 23 de febrero pasado, en plena audiencia preparatoria del juicio, Paola Milena sorpresivamente renunció a la defensa. Al día siguiente, el caso fue asumido por Patricia Lucía, quien pidió el vencimiento de términos y la consecuente libertad del subteniente Muñoz. Segundos después, y siguiendo el ejemplo de sus antecesores, renunció al caso y provocó así un nuevo aplazamiento.

La juez no aceptó el vencimiento, señaló que las demoras son solo atribuibles a la defensa y pidió que la Judicatura investigue a las abogadas y el papel de Demil en todo esto.  (Audio)

¿Por qué los colombianos y los militares honestos (que son la mayoría) tienen que pagar por la defensa tramposa del subteniente Muñoz?